domingo, 25 de marzo de 2007

Alcaldes, empresarios y funcionarios aparecen vinculados a la trama eólica

Los denunciados por tráfico de influencias son el ex director de Industria, Ramón Ordás Badía, y su cuñado el industrial Luis Castro Valdivia. Los socios conocidos se llaman Antonio Fontenla, presidente de la patronal gallega; María del Carmen de la Iglesia, esposa del ex alcalde de A Coruña y embajador de España en la Santa Sede, y Elena y Francisco Vázquez de la Iglesia, sus hijos. Sin embargo, los implicados en la red de empresas energéticas diseñada por Castro Valdivia e investigada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) son muchos más.

En las anotaciones de los registros mercantiles de las 35 compañías en las que, según se detalla en la denuncia del fiscal, el cuñado de Ordás Badía tiene responsabilidades aparecen los nombres de alcaldes y concejales del PP de varios municipios gallegos, arquitectos municipales, familiares de un ex conselleiro popular, empresarios y, entre otros, el armador de Ribeira Antonio Vidal Pego, contra el que la Interpol dictó en su día orden de busca y captura por fraude y falsedad.

Con este último empresario, Castro Valdivia ha compartido al menos tres sociedades que han obtenido licencias hidroeléctricas y autorizaciones para la instalación de parques eólicos. Hidroeléctrica de Freixas, Eólicos do Morrazo e Hidroeléctrica de Pontevedra son las compañías en las que Castro Valdivia y Vidal Pego han estado vinculados -en la primera el cuñado del ex alto cargo del PP ya no ejerce responsabilidades- y que están incluidas en el listado que el fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña para que las investigue. Parte de las pesquisas ya la ha realizado el Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco)-Coruña del Cuerpo Nacional de Policía que, a petición del fiscal, elaboró un informe en el que se detallan los datos registrales, la vida social, las actividades económicas, los socios integrantes y las modificaciones de estatutos de cada una de las empresas del sector energético en las que Castro Valdivia ha participado en los últimos años.

La "complejidad" de esta red ha sido puesta de manifiesto por el propio fiscal en su denuncia, quien precisa que el cuñado del ex alto cargo del PP buscó la "ocultación de personas" de forma intencionada para evitar que se pudiese controlar quién o quiénes eran los titulares reales de los proyectos que obtuvieron autorizaciones administrativas y licencias desde 1999 hasta 2005, periodo en el que Ordás Badía ocupó la Dirección Xeral de Industria.

Los únicos que, por el momento, serán llamados a declarar como imputados por un presunto delito de tráfico de influencias serán el ex alto cargo popular y su cuñado, pero en la denuncia ante el juez el encargado de investigación fiscal ya apunta la posibilidad de ampliar la acusación a personas que han colaborado en la trama.